Amensty Bill proposed in Honduras' National Congress
CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente, todo con el fin de asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social;CONSIDERANDO: Que conforme a nuestra Constitución, la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa, el que debe ser ejercido por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios, independientes y sin relaciones de subordinación entre ellos;

CONSIDERANDO: Que el Constituyente patrio dejó establecido que el Gobierno debe sustentarse en el principio fundamental de la democracia participativa, el que se materializa con la integración nacional mediante la concurrencia de todos los sectores políticos en la administración del Estado; con ello se asegura y fortalece el progreso de Honduras, basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. Todo lo anterior, con el fin de hacer realidad la participación ciudadana instituyendo al efecto, los mecanismos legales de consulta ciudadana a través del Plebiscito y el Referéndum;

CONSIDERANDO: Que para el afianzamiento de la paz y la democracia universal, Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, con ese fin se somete al respeto y cumplimiento de los tratados internacionales aprobados y ratificados por los poderes del Estado;

CONSIDERANDO: Que nuestra Constitución manda que la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria y que infringir tal mandato, constituye delito de traición a la Patria con la aneja consecuencia de: a) pérdida de la calidad de ciudadano, b) cese inmediato en el desempeño del cargo, y c) inhabilitación para el ejercicio de toda función pública por un período de diez (10) años, sin perjuicio de las penas de privación de libertad establecidas en el Código Penal;

CONSIDERANDO: Que todo funcionario público al tomar posesión de su cargo, deviene obligado a jurar ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; a darse por sabido que como servidor público, no tiene más facultades que las que expresamente le confiere la ley y como depositario de la autoridad, es responsable legalmente por su conducta oficial, que está sujeto a la ley y jamás superior, en consecuencia, todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica responsabilidad, civil, penal y administrativa;

CONSIDERANDO: Que el contenido de las declaraciones constitucionales referidas en el gerundio que antecede, deja por sentado que en Honduras la norma no es un instrumento del poder sino que el poder es un agente de la norma y por eso se sostiene que las funciones realizadas por cada uno de los tres poderes del Estado, cuando son el producto de lo que las normas vigentes establecen, deben ser observadas y cumplidas al tenor de las mismas.

CONSIDERANDO: Que la amnistía es un acto de gobierno y de soberanía que forma parte del sistema constitucional, el que por mandato de la soberanía popular, expresado con meridiana claridad en la Ley de Leyes, nada más puede ser ejercido por el Congreso Nacional, única y exclusivamente para el olvido de delitos políticos y para delitos comunes conexos sin que se puedan otorgar por vía de gracia sobre ningún otro tipo de figura penal.

CONSIDERANDO: Que cuando el Estado por conducto del Congreso Nacional, cubre con el manto del olvido los delitos políticos y comunes conexos, no está haciendo otra cosa que abdicando o renunciando circunstancialmente, a la represión o castigo de esas determinadas acciones penales; en consecuencia, borrando el hecho delictuoso, extinguiendo las penas aplicables a esos hechos y todos sus efectos jurídicos, salvo el derecho a la indemnización del daño causado producto de la conducta antijurídica del agente.- Con ello, los beneficiarios de la gracia quedan exentos de responsabilidad penal, con la finalidad de afianzar la unidad y la pacificación nacional;

CONSIDERANDO: Que desde el punto doctrinario son Delitos Políticos, todas aquellas acciones que llevan como fin atentar contra: 1) la existencia y la seguridad del Estado, 2) el Sistema de Gobierno y 3) los derechos del ciudadano;

CONSIDERANDO: Que para efectos penales se consideran delitos políticos los comprendidos en los capítulos I, II y III del Título XI, y capítulos II, V, VI y VII del TÍTULO XII del Libro Segundo del Código Penal; y por delitos comunes conexos con políticos los que tengan relación directa o inmediata con un delito político o sean un medio natural y frecuente para preparar, realizar o favorecer este.

CONSIDERANDO: Que las acciones llevadas a cabo para hacer realidad la “instalación de la IV Urna”, todas llevaban la intención clara y por ello manifiesta, de modificar la forma de gobierno que impone el texto Constitucional hondureño, que no es otro que el republicano, democrático y representativo y la alterabilidad en el poder;

CONSIDERANDO: Que los involucrados en llevar adelante el cambio de la forma de gobierno y la alterabilidad en el poder, estaban resueltos a abrogar la Constitución, incluyendo con ello los Artículos Pétreos; propósito que no se materializó por los hechos ocurridos el veintiocho (28) de junio del dos mil nueve, con la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del deber constitucional, ejecutando una orden emanada del señor Juez Natural designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia y que motivó al Congreso Nacional, en desarrollo de sus atribuciones, a aplicar lo establecido en los Artículos 205 numerales 12) y 20), 239 y 242 Constitucionales;

CONSIDERANDO: Que la legislación penal nacional hondureña no solo sanciona el delito consumado, sino que también la tentativa que castiga como si fuese delito consumado y esta se presenta cuando el agente o los agentes, realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad de los involucrados;

CONSIDERANDO: Que la conducta del Poder Ejecutivo, manifestada en forma expresa por el que se desempeñaba como Presidente de la República, en Consejo de Ministros, al proferir los Decretos Ejecutivos números “PCM-019-2009” y “PCM-O20-2009”, ambos del veintiséis (26) de mayo del dos mil nueve (2009), publicados los dos en el Diario Oficial “La Gaceta” N°.31,945 del veinticinco de junio también del dos mil nueve (2009), más los abundantes hechos notorios dejados al descubierto por la mayoría de los funcionarios que con él y para él trabajaban, conducían a asegurar que la sentencia proferida por el Poder Judicial que declaró como ilegal, la realización de la consulta popular denominada “Encuesta”, cuya visible finalidad era conocer la opinión de los ciudadanos en cuanto a reformar en todo su cuerpo la Constitución de la República, incluso los Artículos Pétreos, no sería obedecida en manifiesta desobediencia, conducta antijurídica que llevaría al desconocimiento de uno de los poderes del Estado;

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras, es signatario de diferentes tratados y convenios internacionales relativos a formar un solo equipo en contra de la corrupción y otros que se sustentan en los principios del derecho internacional de solidaridad humana y afianzamiento de la paz y la democracia;

CONSIDERANDO: Que los tratados internacionales firmados y ratificados siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución de la República, forman parte del Derecho Interno, en consecuencia, son de observancia obligatoria.

POR TANTO:

El Congreso Nacional en uso de las facultades de que está investido y en aplicación de los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 59, 189, 205 numerales 12), 16 y 20), 239, 321, 322, 323, 324, 326, 242 y demás aplicables de la Constitución de la República y obedeciendo a imperiosos requerimientos de orden social y político de interés público que hacen necesario un llamado a la concordia a la armonía y la conciliación nacional.

DECRETA:

PRIMERO: Conceder AMNISTÍA de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas que se enmarcan en los Artículos: 302, 310-A, 311 del Título XI Capítulo I (REFERENTES AL DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA), 328 numerales 1), 2) y 4); 329, 330 del Título XII Capítulo II (REFERENTE A DELITOS CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO), 335 numerales 6), 7) y 8 ) del Título XII Capítulo V (REFERENTE AL DELITO DE TERRORISMO), 337 numerales 1), 3), 4) y 5), 338 y 340 del Título XII Capítulo VII (REFERENTES AL DELITO DE SEDICIÓN); todos del CÓDIGO PENAL calificados como delitos políticos; y únicamente los Delitos Comunes Conexos comprendidos en los Artículos 331 del Título XII Capítulo III (REFERENTE A MANIFESTACIONES Y REUNIONES VIOLENTAS), 333, 334 numerales 2) y 5) Título XII Capítulo IV (REFERENTE A DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN), 346 y 349 numerales 1), 2), 3) y 4) del Título XIII Capítulos II y III respectivamente (REFERENTE A LOS DELITOS DE DESOBEDIENCIA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUCIONARIOS) del mismo cuerpo de leyes. Acciones que fueron intentadas o consumadas en el período comprendido entre el uno de enero del 2008 al 21 de diciembre del 2009.

No quedan comprendidas en este Decreto todas aquellas acciones constitutivas de delitos relacionadas a actos de corrupción como malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y otros.

SEGUNDO: Los Tribunales competentes deberán de oficio o a petición de parte sobreseer toda causa que estén conociendo y que esté comprendida en este beneficio;

TERCERO: En cuanto a las acciones investigativas y demás diligencias que a la fecha se encuentren en proceso en las oficinas del Ministerio Público, deberá procederse por este Órgano Contralor del Estado a su archivo administrativo al amparo de la gracia que por el presente se decreta, a ese efecto deberá observarse lo que manda el Artículo 40 de la Ley de la institución mencionada en este numeral; y

CUARTO: El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los _____ días del mes de Enero del Dos Mil Diez.

JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA PAZ

PRESIDENTE

CARLOS ALFREDO LARA WATSON

SECRETARIO

GONZALO ANTONIO RIVERA

SECRETARIO